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Carmelo de Grazia Suárez recomienda: Propuestas de marco regulatorio para el crowdfunding en la UE

Carmelo de Grazia Suárez recomienda: Propuestas de marco regulatorio para el crowdfunding en la UE
Paysage au disque – Robert Delaunay
En el marco de la Unión Europea y, concretamente, dentro del objetivo de establecer un mercado de capital único en la UE (denominado CMU por Capital Market Union), la Comisión Europea ha iniciado una propuesta legislativa para la regulación de dos áreas muy relevantes del Fintech, que son el crowdfunding y el crowdlending (plataformas de financiación participativa en España), que en su comunicación la Comsión denomina crowdfunding y peer to peer finance (integrando este último concepto el crowdlending y otras plataformas de financiación). En la actualidad, en España existe una regulación específica para el crowdfunding y crowdlending (lucrativo), mientras que el peer to peer finance referido a otras plataformas como descuentos de pagarés y facturas entre particulares y emrpesas no financieras no la tiene, si bien, queda sujeta a la regulación y control del Banco de España. Sin embargo, las compañías de peer to peer finance de España pueden subcontratar los servicios de pago a una tercera entidad autorizada por el Banco de España, evitando la necesidad de autorización y control directo por parte de esta entidad. Esta iniciativa se irá gestando a lo largo del próximo año 2018 y topará con dificultades importantes, debido a que cada Estado miembro está regulando esta materia de forma distinta. Ante esta situación era de esperar que la UE intente establecer un marco común, para armonizar la regulación y lograr que las empresas dedicadas a este sector puedan actuar en todo el mercado único, así como promover la ejecución de transacciones entre los distintos Estados miembro de la UE. Debido a la ausencia de esta armonización, estas actividades actualmente se encuentran muy focalizadas a nivel nacional, sin sobrepasar fronteras estatales. Durante cuatro semanas las partes interesadas en esta propuesta legislativa pueden presentar comentarios. Para ello se puede ir a este Enlace. La Comisión Europea ha identificado cuatro opciones sobre cómo enfocar la regulación del crowdfuning y peer to peer finance:=&0=& Si bien de la propia iniciativa se extrae que no es una alternativa deseable, especialmente por perjudicar el crecimiento de las empresas y la CMU de la UE, se considera una vía posible a tener en cuenta. En este caso, cada Estado miembro regularía el crowdfunding y el peer to peer finance a su criterio, ejerciendo la Comisión un mero papel de mediador y supervisor para promover cierta armonización entre las legislaciones estatales. Creo que seguir esta vía sería un grave error. =&1=&En este caso, la Comisión haría un estudio de las iniciativas que se han llevado a cabo en los distintos Estados miembro, identificaría las medidas que considere más acertadas y prepararía unas recomendaciones no vinculantes sobre buenas prácticas del sector. Es decir, se trata de una alternativa jurídicamente equivalente a la no regulación, pero con voluntad de crear un marco reputacional en la UE para promover el Fintech. =&2=& En este caso la UE tendría un marco regulatorio único obligatorio, en el que las plataformas de crowdfunding serían consideradas como mercados de negociación regulados o entidades de pago. Por lo tanto, las empresas dedicadas a estas actividades requerirían una licencia previa para operar en la UE. Además, esta alternativa mantiene una segunda vía consistente en que la UE apruebe solo un marco mínimo. Esta alterntiva de momento es viable y relativamente fácil de ampliar, pero cuanto más tiempo transcurra más complicado será implemntarla. =&3=&La cuarta alternativa contemplada se refiere a mantener el régimen interno de cada Estado miembro, aplicable a los operadores y transacciones que no tengan componentes transfronterizos. De este modo los operadores que deseen actuar solo en un Estado miembro, quedarían sujetos al régimen estatal y no al comunitario. En cambio, si desean operar de forma transfronteriza, pueden optar por acogerse al régimen comunitario, quedando fuera de la sujeción el régimen interno estatal.

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Carmelo de Grazia Suárez recomienda: Inscripción registral de acuerdos transaccionales o actos de conciliación homologados judicialmente, RDGRN 18 octubre 2017

Carmelo de Grazia Suárez recomienda: Inscripción registral de acuerdos transaccionales o actos de conciliación homologados judicialmente, RDGRN 18 octubre 2017
Wholeness – Sandra Pani

El caso resuelto por la Resolución de la DGRN de 18 de octubre de 2017 es bastante excepcional, en tanto trata sobre la inscripción en el Registro Mercantil, de un acuerdo homologado por un Juzgado de Paz, para disolver y liquidar una sociedad. En el caso resuelto, el Juzgado de Paz de Recas otorgó acto de conciliación por el que se acordó la disolución y liquidación de una sociedad, el cese de los administradores, la designación de los liquidadores y la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adjudicación a los socios del bien inmueble que constituye el activo social. Tras dicho acto de conciliación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil de Toledo, dictó auto de ejecución de dicho acto de conciliación. Ante la solicitud de inscripción de los acuerdos incluidos en el auto de ejecución, referidos al acto de conciliación, la registradora mercantil deniega de la misma, en tanto entiende que el acto de conciliación no es inscribible en sí mismo, aunque se presente con el auto de ejecución, siendo necesario el otorgamiento de escritura pública con cumplimiento de los requisitos mercantiles. Por el contrario, el recurrente entiende que el auto de ejecución es inscribible. Para resolver sobre esta cuestión la DGRN aclara primero la naturaleza jurídica del acuerdo transaccional homologado judicialmente. Tal y como dice la DGRN el acuerdo transaccional es un contrato por el que las partes evitan o ponen fin a una disputa judicial. Alcanzado este acuerdo, el objeto de éste queda fuera del ámbito judicial, debiendo ser ejecutado por los interesados dentro del plano contractual y, por su parte, la autoridad judicial solo valora la disponibilidad del objeto del proceso. Es decir, si las partes tienen capacidad para alcanzar el acuerdo o si la materia de éste está fuera de su disposición. En relación con un contrato ordinario, los acuerdos transaccionales tienen la particularidad de ser homologados judicialmente. Sin embargo, el alcance de la homologación se limita a poner fin al litigio. En consecuencia, la homologación judicial no es equiparable a una resolución judicial que, sí tendría acceso al Registro Mercantil o de la Propiedad (art. 3 de la Ley Hipotecaria, referido al Registro de la Propiedad y aplicado por analogía al Registro Mercantil). En caso de que una de las partes del acuerdo transaccional no cumpliese con sus obligaciones, impidiendo, en este caso, el otorgamiento de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad. Al ser el acuerdo transaccional homologado ejecutable, la otra parte o partes pueden, primero requerir al juez para que dicte auto de ejecución supliendo la voluntad de la parte incumplidora y, posteriormente, acudir a la Notaría para otorgar la escritura pertinente, apoyándose en los documentos judiciales, siempre y cuando los elementos esenciales del negocio estén predeterminados. Todo ello, además, cumpliendo con las formalidades y requisitos de los actos a inscribir. Aclarado el concepto de acuerdo transaccional, la DGRN entiende que el acta de conciliación en un contrato entre las partes intervinientes que se formaliza en este tipo de documento, con naturaleza de documento público, si bien, no inscribible directamente. Por lo tanto, requiere, como ya hemos visto, del otorgamiento de la pertinente escritura.

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